Ruta 20 y el acceso a Aldea San Antonio: Entre la seguridad vial, el archivo y la política
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El miedo al radar es un movilizador social instantáneo. Bastaron unos audios de WhatsApp y la aparición de nueva cartelería en el acceso a Aldea San Antonio para despertar la preocupación colectiva. La respuesta oficial no se hizo esperar: el Municipio de Aldea San Antonio emitió un comunicado tajante aclarando que "no es nuestro ejido, es jurisdicción de la Provincia".
El texto busca llevar tranquilidad al vecino, asegurando que no hay un afán recaudatorio local y advirtiendo —con criterio— sobre una señalización peligrosa. Sin embargo, al analizar el comunicado en profundidad, surgen tres dimensiones que merecen ser puestas en tensión: la técnica, la histórica y la política.
La trampa de la ingeniería
Empecemos por lo que el Municipio señala correctamente. Vialidad Provincial ha dispuesto un esquema de reducción de velocidad (90 → 60 → 40 km/h) en un tramo extremadamente corto. Desde el punto de vista de la seguridad vial, esto es un despropósito.
Obligar a un camión cargado a frenar bruscamente sobre la ruta no es prevención; es generar un escenario de riesgo para quien viene detrás. La Ley de Tránsito exige que la señalización anticipe y guíe, no que sorprenda. Si el conductor prioriza la fluidez para evitar un accidente, queda expuesto a la infracción. En este punto, el reclamo técnico del municipio es impecable: la burocracia no puede diseñar el tránsito ignorando la física de los vehículos pesados.
La "jurisdicción flexible" y el archivo
Donde el argumento oficial empieza a crujir es en la postura de ajenidad absoluta. "El Municipio no ha intervenido en ninguna decisión", aseguran hoy, escudándose en los límites del ejido.
Pero el archivo político tiene memoria. Ese cruce, sus dársenas y su iluminación no son ajenos a la historia local. Fueron gestionados activamente durante la intendencia de Leonardo Silva, del mismo color político que la actual administración. En 2018, la propia Dirección de Vialidad Provincial reconocía públicamente haber "consensuado tareas" con el entonces intendente para el diseño de la obra.
Pareciera que la Ruta 20 tiene una jurisdicción flexible:
- Fue "propia" cuando se trataba de inaugurar el asfalto, gestionar fondos y capitalizar la foto política del progreso.
- Es "ajena" hoy, cuando aparecen carteles polémicos y el malestar de los vecinos.
No se puede reclamar paternidad sobre el acceso para el aplauso y alegar desconocimiento administrativo ante el problema. Si hubo capacidad de gestión para hacer la obra, llama la atención la falta de comunicación actual.
La lectura política inevitable
Finalmente, es imposible leer este comunicado sin el contexto del mapa político provincial actual.
¿Es este comunicado únicamente una defensa técnica del vecino o es también un síntoma de que cambiaron las reglas de juego con la Provincia? Resulta difícil no preguntarse: ¿Hubiera sido tan aireado el deslindar responsabilidades si el gobernador fuera del mismo color político que el intendente?
La historia reciente sugiere que, bajo la disciplina partidaria de otros tiempos, estas "confusiones" con Vialidad se resolvían —o se tapaban— con un llamado telefónico discreto entre compañeros de gestión, y no con comunicados públicos exponiendo las falencias de la Provincia. Hoy, con un escenario político distinto, la crítica fluye con una libertad que antes no se veía.
Conclusión
El pedido de explicaciones técnicas que el Municipio ha elevado a Vialidad es el paso correcto y necesario.
Sin embargo, los conductores quedamos en el medio de dos fuegos: por un lado, una señalización provincial deficiente que invita a la frenada brusca; por el otro, una gestión local que hace equilibrio entre su pasado (cuando gestionaba esa ruta) y su presente (donde prefiere mirar de lejos). La seguridad vial real requiere menos burocracia, menos especulación política y más coherencia.
Autor: JAVIER VILABOA
